La Comisión envía una solicitud de información a AliExpress en el marco de la Ley de Servicios Digitales

La Comisión Europea ha enviado hoy oficialmente a AliExpress una solicitud de información en el marco de la Ley de Servicios Digitales. La Comisión pide a AliExpress que facilite más información sobre las medidas que ha adoptado para cumplir las obligaciones relacionadas con la evaluación de riesgos y las medidas de mitigación para proteger a los consumidores en línea, en particular en lo que respecta a la difusión de productos ilegales en línea, como los medicamentos falsos.

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha declarado: «La Ley de Servicios Digitales no se limita únicamente a temas como la incitación al odio, la desinformación o el ciberacoso. También existe para garantizar la eliminación de los productos ilegales o inseguros vendidos en la UE a través de plataformas de comercio electrónico, incluido el creciente número de medicamentos y productos farmacéuticos falsos y potencialmente peligrosos vendidos en línea».

AliExpress deberá facilitar a la Comisión la información solicitada a más tardar el 27 de noviembre de 2023. Sobre la base de la evaluación de las respuestas de AliExpress, la Comisión sopesará los próximos pasos. Esto podría implicar la incoación formal de un procedimiento con arreglo al artículo 66 de la Ley de Servicios Digitales.

De conformidad con el artículo 74, apartado 2, de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión puede imponer multas por información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud de información. En caso de que AliExpress no responda, la Comisión podrá decidir solicitar la información mediante una decisión. En este caso, la falta de respuesta dentro del plazo podría dar lugar a la imposición de multas coercitivas.

Tras su designación como plataforma en línea de gran tamaño, AliExpress está obligada a cumplir todo el conjunto de disposiciones introducidas por la Ley de Servicios Digitales, incluida la evaluación y la mitigación de los riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilícitos y nocivos y cualquier efecto negativo en el ejercicio de los derechos fundamentales.